Resumen
Este trabajo analiza el impacto de las disparidades de género en el mercado laboral y cómo los planes de recuperación económica financiados con Fondos Europeos, como el Next-GenerationEU (NGEU), afectan de manera desigual a hombres y mujeres. Utilizando marcos teóricos que van desde la economía neoclásica hasta la economía feminista, el trabajo explora la persistencia de las desigualdades de género y la insuficiencia de las políticas actuales para abordarlas. Se destacan los sesgos estructurales en las decisiones económicas que priorizan sectores dominados por hombres, exacerbando así las disparidades de género.
Con un enfoque en España como estudio de caso, esta investigación emplea modelos Input-Output para examinar los impactos específicos por género de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Los resultados revelan brechas significativas de género en la distribución del empleo, al impulsar sectores en los que los hombres tienen una presencia superior. La investigación subraya la necesidad de políticas inclusivas que integren una perspectiva de género, asegurando que los beneficios de los esfuerzos de recuperación económica se distribuyan equitativamente.
Al proponer un enfoque progresivo hacia la igualdad de género dentro del marco de la UE, el trabajo ofrece recomendaciones para una mejor integración de las consideraciones de género en los planes de recuperación. Este estudio pretende contribuir al discurso más amplio sobre políticas económicas sensibles al género, abogando por un enfoque equilibrado que promueva tanto el crecimiento económico como la equidad de género. Las conclusiones enfatizan la importancia de políticas inclusivas para lograr una economía post-pandémica sostenible y equitativa.
Palabras clave: recuperación post-pandemia, Next-GenerationUE, PERTE, Economía Social, Modelo Input-Output, impacto sectorial de género.
Códigos JEL: J16, J21, I38, O19
Introducción
La creciente preocupación por las desigualdades de género en el mercado laboral ha impulsado un amplio debate académico y político sobre la necesidad de integrar una perspectiva de género en las políticas económicas. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado y aplicado diversos marcos teóricos para intentar explicar las disparidades de género en la economía y el empleo, desde el enfoque neoclásico de Becker (2010), que atribuye estas diferencias a preferencias individuales, hasta la economía feminista, que subraya el papel de las normas sociales y las estructuras institucionales en la perpetuación de estas desigualdades al subvalorar y remunerar menos los trabajos tradicionalmente femeninos (Blau & Kahn, 2017; Goldin, 2014; Sent & van Staveren, 2019).
Las crisis económicas tienen una especial incidencia en las mujeres. Por ejemplo, las medidas de austeridad adoptadas tras la gran crisis financiera de 2008 tuvieron un impacto desproporcionado en el empleo femenino, reduciendo el gasto público en sectores con alta concentración femenina y aumentando su vulnerabilidad económica (Perugini et al., 2019). Más recientemente, la pandemia de COVID-19 también ha exacerbado las vulnerabilidades económicas de las mujeres, quienes se encuentran sobrerrepresentadas en sectores particularmente dañados por la crisis como la sanidad, la hostelería y el comercio minorista (Alon et al., 2020; Carli, 2020). Estas evidencias inciden en la importancia de considerar las dinámicas de género en el diseño y la implantación de políticas de recuperación económica.
En este contexto, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha el programa NextGeneration EU (NGEU) para intentar dar respuesta a las consecuencias de la crisis derivada del COVID-19. Dotado con 750.000 millones de euros, el programa se destina a promover una Europa más verde, digital y resiliente. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una de las piezas clave del NGEU, exige que los Estados miembros integren análisis de impacto de género y presupuestos sensibles al género en sus Planes de Acción Nacionales. Sin embargo, las primeras evaluaciones del NGEU sugieren que estas iniciativas pueden ser insuficientes para abordar las disparidades de género, ya que gran parte de los fondos se destinan a sectores dominados por hombres, como la energía y la tecnología (Klatzer & Rinaldi, 2020).
España, como uno de los principales receptores de los fondos NGEU, ha elaborado su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Estos proyectos se diseñaron para impulsar el crecimiento económico y la competitividad del país mediante inversiones en sectores clave. No obstante, la integración de una perspectiva de género en estos proyectos es variada y, en muchos casos, insuficiente. La mayoría de los PERTE se centran en sectores tradicionalmente masculinizados, lo que podría perpetuar las desigualdades de género en el empleo (Cook & Grimshaw, 2020; Cullen & Murphy, 2021).
Este estudio emplea modelos de Input-Output (MIO) para analizar el impacto de los PERTE en la producción económica y la creación de empleo, prestando especial atención a las disparidades de género. El MIO permite cuantificar el efecto multiplicador de las inversiones y entender cómo los cambios en un sector pueden afectar a la producción y al empleo del resto de la economía. Los resultados de este análisis revelan una notable brecha de género en la distribución del empleo que se espera generar con la aplicación de los fondos NGEU, con excepción del PERTE dirigido a la Economía Social y los Cuidados, que presenta unos resultados más equitativos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de implantar políticas inclusivas que promuevan la equidad de género en todos los ámbitos industriales, a la vez que destacan el papel de la Economía Social (ES) como ejemplo a seguir.
La estructura de este trabajo es la siguiente: primero, se revisa la literatura económica sobre las disparidades de género. A continuación, se analiza la falta de perspectiva de género en los Planes de Recuperación Económica de la UE y cómo las medidas adoptadas para mitigar las crisis económicas y sanitarias del siglo XXI tienden a exacerbar las desigualdades de género. El siguiente apartado evalúa el marco de recuperación de la UE bajo la iniciativa Next-GenerationEU, examinando la implantación del NGEU y el MRR en términos de igualdad de género. Posteriormente, se mide el impacto de género de las medidas de recuperación económica en España, desarrollando y aplicando una herramienta especializada para controlar estos impactos en los PERTEs. Finalmente, se discuten los resultados, se señalan las limitaciones del estudio y se presentan las conclusiones, subrayando la importancia de políticas inclusivas que aseguren una recuperación económica equitativa.
En resumen, este estudio pretende llenar el vacío en la investigación sobre el impacto de género de las medidas de recuperación económica, utilizando el caso de España como ejemplo y las medidas de apoyo a la ES como variable de contraste. Subraya la necesidad de políticas inclusivas que aseguren que los esfuerzos de recuperación económica no perpetúen ni exacerben las desigualdades de género, sino que promuevan activamente la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de hombres y mujeres en la economía postpandémica.
Dinámicas de género en el mercado laboral. Teoría y práctica
El análisis de las disparidades de género en el empleo es fundamental para comprender cómo los planes de recuperación económica, como el programa NGEU, pueden impactar de manera desigual en hombres y mujeres. A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado diversos marcos teóricos para explicar estas disparidades (Borrowman & Wöhl, 2020). Entre los enfoques más destacados se encuentra el modelo neoclásico de Becker (2010), que atribuye dichas diferencias a las preferencias diferentes de los hombres y las mujeres en las funciones que desempeñan, incluida la producción doméstica y la crianza de los hijos. Becker sugiere que la menor inversión en capital humano por parte de las mujeres da lugar a su concentración en sectores que se perciben como menos exigentes, perpetuando así la segregación tanto sectorial como ocupacional, junto con las disparidades salariales (Tonovan et al., 2020).
Otras teorías, como las centradas en la aversión al riesgo (Croson & Gneezy, 2009) y la discriminación del empleador (Becker, 2010), ofrecen perspectivas adicionales sobre estas dinámicas de género en el trabajo. La primera sugiere que las mujeres tienden a evitar más riesgos que los hombres, lo que influye en sus elecciones de carrera profesional y sus negociaciones salariales. Como consecuencia, tienden a elegir profesiones percibidas como más seguras, pero que ofrecen menor remuneración y menos oportunidades de avance, perpetuando la segregación ocupacional y salarial. Por otro lado, la teoría de la preferencia por la discriminación del empleador postula que las preferencias y prejuicios personales de los empleadores pueden resultar en prácticas de contratación, promoción y remuneración que desfavorecen a las mujeres, incluso cuando su cualificación es comparable a la de los hombres y a pesar de tener que asumir cierta prima por discriminar. Este sesgo puede manifestarse en la preferencia por contratar y promocionar a los hombres, así como en la menor asignación de salarios a las mujeres. Por su parte, las teorías institucionalistas del mercado laboral (Anker, 1997) clasifican los mercados laborales en segmentos primarios y secundarios. Estas teorías destacan el acceso más fácil de los hombres a los segmentos primarios del mercado, que están asociados con mejores condiciones laborales y mayor estabilidad y remuneración, mientras que las mujeres son relegadas a papeles secundarios caracterizados por empleos más precarios, con menores salarios y oportunidades de ascenso. La combinación de estos factores crea un entorno laboral en el que las mujeres afrontan importantes barreras para alcanzar la equidad en el mercado laboral.
La economía feminista critica estos enfoques tradicionales, subrayando la importancia de los roles de género en la dinámica del mercado laboral y la influencia de las normas sociales tanto en los atributos de género como en las decisiones del mercado laboral (Goldin, 2014; Gaddis & Klasen, 2014; Sent & van Saveren, 2019). Desde esta perspectiva, las presiones y expectativas sociales pueden influir en las opciones educativas y profesionales de las mujeres, lo que podría reforzar la segregación sectorial en lugar de reducirla (Alesina et al., 2013; Borrowman & Wöhl, 2020). Además, la economía feminista argumenta que las políticas y estructuras institucionales actuales no solo reflejan, sino que también perpetúan, las desigualdades de género. Por ejemplo, las mujeres a menudo afrontan una doble carga de trabajo debido a la expectativa de que deben realizar la mayoría de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados, limitando su capacidad para participar plenamente en el mercado laboral remunerado (Petrongolo & Ronchi, 2020). Estas dinámicas se ven agravadas por la falta de políticas de apoyo, como el acceso a cuidados infantiles asequibles y licencias parentales pagadas, que podrían aliviar algunas de las barreras que enfrentan las mujeres. Además, la subvaloración y menor retribución de trabajos tradicionalmente femeninos, como el cuidado y los servicios, reflejan y refuerzan las jerarquías de género existentes, contribuyendo a la persistencia de la brecha salarial y la segregación ocupacional (Blau & Kahn, 2017). En resumen, la economía feminista destaca cómo las normas de género y las estructuras institucionales interactúan para mantener las disparidades de género en el mercado laboral, sugiriendo la necesidad de implantar reformas integrales que aborden tanto las barreras estructurales como las normas culturales.
Más allá de los marcos teóricos, las implicaciones prácticas de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, y en particular sus efectos macroeconómicos, no se han examinado en profundidad (Kabeer, 2020; Seguino, 2020). Por ejemplo, las desigualdades desempeñan un papel crucial en las crisis económicas, influyendo significativamente en las pautas de empleo (Bettio et al., 2013; Gaddis & Klasen, 2014; Kucera & Tejani, 2014). En periodos de alto desempleo, las personas suelen desanimarse a la hora de buscar trabajo, creyendo que no hay buenas perspectivas de empleo. Por el contrario, la necesidad económica obliga a aumentar el número de "trabajadores añadidos", es decir, personas que se incorporan a la población activa para compensar la pérdida de ingresos de los hogares. Durante la recesión que siguió a la gran crisis financiera, un número considerable de estos trabajadores añadidos eran mujeres, mientras que la mayoría de los trabajadores desanimados eran hombres (Bettio et al., 2013). Además, las tendencias de empleo de las mujeres han mostrado una propensión a ser contratadas cíclicamente durante las expansiones económicas y despedidas durante las desaceleraciones (Dang & Nguyen, 2021). Las mujeres suelen estar empleadas en trabajos caracterizados por peores condiciones, salarios más bajos y contratos precarios (Petrongolo & Ronchi, 2020), lo que las configura como una reserva de mano de obra flexible candidata a sufrir despidos durante las recesiones (Périvier, 2014).
La discriminación sectorial también juega un papel fundamental en la cuantificación de la actividad económica, que depende en gran medida de una estructura sectorial en la que las mujeres están sistemáticamente infrarrepresentadas en determinados sectores (Blau & Khan, 2017; Borrowman & Klasen, 2020; Tonoyan et al., 2020). Los sectores intensivos en mano de obra, que suelen emplear una mayor proporción de trabajadoras, se yuxtaponen a sectores más industrializados en los que la presencia femenina es notablemente inferior (Kucera & Tejani, 2014; Tejani & Milberg, 2016). Esto conduce a una valoración económica sesgada en la que se da prioridad a las actividades industriales, que suelen generar un mayor valor añadido. Como resultado, los sectores atendidos predominantemente por mujeres, especialmente los de los servicios de atención y salud, están infravalorados en los cálculos económicos (Blau & Kahn, 2018; Goldin, 2014; Petrongolo & Ronchi, 2020). Este escenario tiene repercusión en la toma de decisiones económicas y en el diseño de políticas en este ámbito (Falk & Hermle, 2018). A la hora de decidir en qué sectores invertir, desde una perspectiva estrictamente económica, se acostumbra a priorizar aquellos que tienen un mayor impactoen cadena sobre la economía. Esta práctica suele beneficiar a sectores fuertemente industrializados, en los que existe un importante consumo intermedio, en detrimento de los sectores más terciarios.
Este tipo de decisiones macroeconómicas refuerza las desigualdades existentes y limitan el desarrollo profesional de las mujeres, perpetuando un ciclo de inequidad en el mercado laboral (Falk & Hermle, 2018). En el contexto reciente, el impacto desproporcionado de la pandemia del COVID-19 en las mujeres sugeriría la necesidad de estrategias de inclusión específicas en los programas de recuperación (Alon et al., 2020; Carli, 2020). Sin embargo, el enfoque del NGEU en sectores como las transiciones verde, digital y energética, sin considerar adecuadamente la segregación de género, podría incrementar las disparidades de género en sectores que suelen tener una representación femenina mínima. De hecho, las medidas de austeridad introducidas tras la gran crisis financiera condujeron a una reducción del gasto público en sectores en los que predominaban las mujeres, exacerbando su vulnerabilidad económica (Perugini et al. 2019). Por lo tanto, es imperativo que los planes de recuperación económica incorporen una perspectiva de género que promueva activamente la igualdad de oportunidades. Por ende, la formulación de políticas debe estar informada por un análisis riguroso de las dinámicas de género y respaldada por datos empíricos que reflejen las realidades del mercado laboral. Con este enfoque, es posible avanzar hacia un mercado laboral más equilibrado, en el cual las mujeres puedan contribuir y beneficiarse equitativamente de las nuevas oportunidades económicas.
Perspectiva de género en la respuesta a las crisis económicas: análisis crítico del NGEU
La perspectiva de género, al menos desde un punto de vista teórico, ha estado presente como un elemento básico en el diseño de las políticas aplicadas para mitigar los problemas generados por las dos últimas grandes crisis del siglo XXI: la gran crisis financiera y la pandemia del COVID-19. Las investigaciones centradas en la UE han señalado las consecuencias diferenciadas por género de los efectos de las medidas de austeridad impuestas tras la crisis financiera (Karamessini, 2023; Karamessini & Rubery, 2013; Bruff & Wöhl, 2016), así como en los ajustes económicos durante la pandemia sanitaria (Cook & Grimshaw, 2020; Cullen & Murphy, 2021; Lewandonsky et al., 2021; Kabeer et al., 2021).
A pesar de este reconocimiento teórico, la incorporación en la práctica de la perspectiva de género en las políticas económicas no siempre ha sido adecuada. Las investigaciones han criticado tradicionalmente la forma en que la UE ha integrado la perspectiva de género en la gestión de crisis económicas (Lombardo & Meier, 2006; Lombardo et al., 2009). Por ejemplo, durante la gran crisis financiera, la toma de decisiones de alto nivel mostró un desequilibrio de género significativo, dominado por hombres (O'Dwyer, 2022). Pese a los avances en la representación femenina en puestos clave, como la presidencia de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE), las asimetrías persisten, especialmente en las direcciones generales clave y la composición del BCE (Klatzer & Rinaldi, 2020), perpetuando la falta o insuficiencia de medidas efectivas en materia de género dentro del marco comunitario (Cavaghan & O'Dwyer, 2018). Además, se ha observado que las decisiones suelen dar prioridad a las medidas económicas sobre las sociales, a pesar de un interés creciente en estas últimas (Copeland & Daly, 2018; Zeitlin & Vanhercke, 2018). Los estudios feministas critican esta división, argumentando que las políticas económicas carecen de perspectiva de género y a menudo exacerban la desigualdad (Cavaghan & O'Dwyer, 2018).
La pandemia de COVID-19 reconfiguró drásticamente el entorno socioeconómico europeo, impactando severamente en la igualdad (Alon et al., 2020; Kabeer et al., 2021). El Parlamento Europeo (2021) destacó los efectos desproporcionados de la crisis sanitaria sobre las mujeres y el agravamiento de las desigualdades existentes (Cook & Grimshaw, 2020; Cullen & Murphy, 2021; Lewandonsky et al., 2021). Las mujeres, empleadas mayoritariamente en sectores como la sanidad, la hostelería y el comercio minorista, experimentaron una mayor vulnerabilidad económica. La crisis también intensificó el trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico realizado por mujeres, y se observó un aumento en la violencia doméstica (Comisión Europea, 2021; Parlamento Europeo, 2022). Estos efectos especialmente nocivos para las mujeres, unidos a la constatación de los problemas asociados a la gestión de crisis anteriores, podían hacer suponer que la igualdad de género sería un punto clave de la agenda política de la UE tras la pandemia. Sin embargo, todo apunta a que esto sigue siendo en gran medida una declaración de principios.
En respuesta a la crisis económica y social derivada de la pandemia, la UE creó el Fondo de la UE para la Nueva Generación (NGEU), dotado con 750.000 millones de euros, destinado a promover una Europa más verde, digital y resiliente. Dentro de este marco, se introdujo el Mecanismo de Resiliencia y Recuperación (MRR), diseñado para apoyar a los Estados miembros mediante los Planes de Acción Nacionales (PAN). Los Estados miembros necesitan detallar sus reformas e inversiones financiadas a través del MRR en sus respectivos PAN para acceder a estos fondos. Además, la CE enfatizó la inclusión de consideraciones de igualdad de género en las medidas de recuperación. De acuerdo con el Reglamento 2021/241, se exige que los PAN integren análisis de impacto de género y presupuestos sensibles al género, incluyendo estrategias para abordar las diferencias salariales entre géneros, mejorar la igualdad en el lugar de trabajo, y promover la flexibilidad laboral. También se establecieron normas para indicadores comunes y la presentación de informes semestrales que requieren la recopilación de datos desglosados por sexo.
No obstante, pese a la inclusión teórica de la perspectiva de género en el MRR, existen deficiencias en los mecanismos para supervisar su impacto real en la economía y evaluar si las políticas están perpetuando las desigualdades de género. La falta de seguimiento efectivo lleva a cuestionar el compromiso de la UE como "actor constitutivo de género" (Cavaghan & O'Dwyer, 2018). Como cabía esperar, las primeras evaluaciones del MRR han señalado que podría ser perjudicial para la igualdad de género (Klatzer & Rinaldi, 2020). La crítica principal es que la mayoría de las ayudas se concentran en sectores de actividad dominados por hombres, constatando una vez más la reducida comprensión de la naturaleza de género de la economía (Alesina et al., 2013; Borrowman & Wöhl, 2020; Cavaghan, 2017). Incluso con la exigencia de que los Estados miembros detallen cómo sus planes contribuyen a la igualdad de género, persiste una incoherencia en la comprensión y financiación de estas iniciativas (Donà, 2022; Klatzer & Rinaldi, 2020). En consecuencia, las respuestas políticas tanto a nivel de la UE (Klatzer & Rinaldi, 2020) como desde los propios Estados miembros (O'Dwyer, 2022) parecen corroborar una falta de compromiso con la igualdad de género en el marco del NGEU. Es decir, que un marco comunitario donde existe claramente una Estrategia de Igualdad de Género que reconoce los fundamentos económicos de la desigualdad (Rubery & Tavora, 2021), las estrategias económicas no consideran adecuadamente sus impactos de género.
El énfasis del NGEU en las transiciones digital y verde no aborda adecuadamente las dimensiones de género en estos sectores. Sin estrategias específicas para la inclusión de las mujeres, estas inversiones corren el riesgo de reforzar las disparidades de género en el mercado laboral. Además, el programa NGEU carece de apoyos significativos para sectores con alto empleo femenino, como la sanidad y la asistencia, y tampoco aborda la infravaloración y la precariedad del trabajo en estos sectores feminizados. Esta falta de consideración hacia el colectivo femenino cuestiona la eficacia de las directivas de la UE para abordar los impactos de género de la crisis y lograr una verdadera igualdad de género en la fase de recuperación. En consecuencia, el programa NGEU, destinado a transformar el sistema económico de la UE, afronta claras limitaciones en relación con la igualdad de género. Pasa por alto la arraigada segregación del mercado laboral, en la que hombres y mujeres se distribuyen de forma desigual en diversos sectores y ocupaciones, afectando profundamente las relaciones laborales y los resultados económicos (Tejani & Milberg, 2016; Seguino & Braunstein, 2019). Sin considerar estas distorsiones del sistema económico, es difícil estimar las consecuencias a medio y largo plazo del fomento de sectores específicos.
En conclusión, las limitaciones del programa NGEU subrayan la necesidad de un enfoque sensible al género en la planificación de la recuperación. Reconocer y abordar activamente las disparidades de género es esencial para una recuperación equitativa que garantice la participación y los beneficios de las mujeres en la economía postpandémica. La ausencia de tales medidas podría obstaculizar las oportunidades económicas de las mujeres, lo que subraya la importancia de implantar políticas inclusivas para abordar el impacto de género de las crisis económicas.
Medición de los impactos de género de las medidas de recuperación económica. El caso de España
España fue uno de los primeros países europeos en incorporarse al programa de recuperación de la UE, y es uno de los principales receptores de estos fondos. En concreto, tiene acceso a aproximadamente 77.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y hasta 84.000 millones en préstamos procedentes del NGEU. El 13 de julio de 2021, la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación de España, conocido como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y el 17 de octubre de 2023 se aprobó su Adenda. Todos sus proyectos y medidas pretenden modernizar el país a través de cuatro ejes: transición verde, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género. Estos objetivos se alinean con los seis pilares del Reglamento del MRR y las iniciativas emblemáticas de la UE en materia de rehabilitación y regeneración urbana, integración de energías renovables, desarrollo de puntos de recarga, la Hoja de Ruta Verde del Hidrógeno, conectividad 5G, modernización y digitalización de la administración pública, fomento de la Inteligencia Artificial (IA) y competencias digitales.
Al amparo de este PRTR, se articulan los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), instrumentos de colaboración público-privada en los que participan las distintas administraciones públicas, empresas y centros de investigación. Los PERTE son iniciativas estratégicas con un importante potencial para impulsar el crecimiento económico, el empleo y mejorar la competitividad de la economía española. A diferencia de otras iniciativas previas, el diseño de los PERTE busca impulsar y coordinar proyectos prioritarios, especialmente aquellos que son complejos, se enfrentan a fallos de mercado, tienen externalidades significativas o carecen de una iniciativa o inversión adecuada del sector privado.
Para abordar el análisis de estos PERTE y su impacto en la actividad económica y el empleo, en este estudio se emplean modelos de Input-Output (MIO) que permiten examinar la interdependencia entre diferentes sectores y su relevancia relativa en la economía. Este enfoque ha demostrado ser útil para evaluar cómo factores como los costes de transacción y las fricciones del mercado laboral influyen en el empleo (Peretto, 2006), así como para analizar las repercusiones en sectores específicos, como la industria turística (Prasad & Kulshrestha, 2015). No obstante, su aplicación en el estudio del impacto de la desigualdad sectorial en la generación de empleo es menor. Este método permite entender cómo los cambios en un sector pueden afectar al empleo en toda la economía debido a las relaciones intersectoriales interconectadas (Gunluk-Senesen & Senesen, 2011). Gracias al MIO, es posible cuantificar el efecto multiplicador de las inversiones en la creación de empleo y el crecimiento económico. En este análisis, se cuantificará el potencial de creación de empleo de los PERTE utilizando el MIO. Para ello, se calcularán los coeficientes de empleo directo y total para cada sector, reflejando la cantidad de empleo generado directamente por la producción y el impacto secundario en la economía debido a la demanda intersectorial. Este enfoque permite evaluar cómo las inversiones estratégicas pueden contribuir a una distribución más equitativa del empleo y al crecimiento económico inclusivo.
Para analizar la producción económica, se utilizan principalmente dos tipos de modelos de Input-Output (IO). En los modelos de tecnología de producto, cada producto se fabrica utilizando una tecnología específica, independientemente del sector que lo produzca, lo que asegura que la tecnología de producción de cada producto sea constante a lo largo del tiempo. Por otro lado, en los modelos industriales (o de tecnología del sector de actividad), cada producto se fabrica según la tecnología del sector que lo produce, sin distinguir entre productos primarios y secundarios, manteniendo la estabilidad de los coeficientes de mercado. En el desarrollo del modelo tecnológico industrial, se supone que la matriz de coeficientes de mercado, D, es estable a lo largo del tiempo. Es decir, las cuotas de mercado por producto de las distintas ramas se utilizan siempre como hipótesis constante. Por lo tanto, se considera la identidad por producto, lo que significa que la proporción de mercado de cada producto dentro de un sector permanece constante a lo largo del tiempo. Esta hipótesis permite analizar y predecir cómo los cambios en la producción de un sector específico pueden afectar la producción total y las interrelaciones entre diferentes sectores económicos:
donde q es el vector de producción por productos, yd es la demanda final interna por productos y Ud es la matriz de consumos intermedios internos. Además, es posible sustituir la demanda intermedia interna Ud i por la multiplicación de la matriz de coeficientes internos y el vector de producción por ramas de actividad (en función de la estabilidad de los coeficientes internos). Así,
A continuación, g puede sustituirse por DT q. En consecuencia,
Con lo que es posible desarrollar el modelo de demanda correspondiente a la producción por productos:
Dados los resultados en términos de g, mediante
En este modelo, se puede observar las interrelaciones entre las distintas ramas de producción, lo que permite analizar cómo la producción en un sector puede influir en otros sectores debido a los efectos cruzados de la demanda. Dicho de otro modo, el modelo captura el efecto de desbordamiento2, donde la producción de un sector genera una demanda adicional en otros sectores, creando un impacto económico en toda la economía.
Utilizando esta lógica, es posible estimar el efecto multiplicador de una rama específica sobre la valoración económica de la producción total de un país. Este efecto multiplicador refleja cómo un aumento en la producción de un sector determinado no solo incrementa directamente la producción en ese sector, sino que también impulsa la actividad económica en otros sectores por la interconexión de la economía.
La Tabla 1 presenta las ramas de actividad de la Tabla Input-Output (TIO) de la economía española y el efecto multiplicador de cada rama de producción, que incluye el efecto directo de cada rama y las interrelaciones entre ellas. Por ejemplo, un incremento en la producción del sector manufacturero no solo afecta directamente a la manufactura, sino que también aumenta la demanda de materias primas, transporte, servicios financieros y otros sectores relacionados. Este enfoque permite cuantificar cómo los cambios en un sector pueden impulsar el crecimiento económico en otros, proporcionando una visión integral del impacto económico de las inversiones y las políticas sectoriales.
| ACTIVIDAD | Multiplicador | |
| 1 | Productos agrícolas, ganaderos y de caza, y servicios relacionados | 2,059171701 |
| 2 | Productos de la silvicultura y la explotación forestal, y servicios relacionados | 1,958598111 |
| 3 | Pescado y otros productos de la pesca; productos de la acuicultura; servicios de apoyo a la pesca | 2,000224942 |
| 4 | Industrias extractivas | 2,263138394 |
| 5 | Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado | 2,750885608 |
| 6 | Productos textiles; prendas de vestir; artículos de cuero y calzado | 2,109518595 |
| 7 | Productos de madera y corcho, excepto muebles; artículos de cestería y espartería | 2,851714347 |
| 8 | Papel y productos de papel | 2,714287354 |
| 9 | Servicios de impresión y reproducción de soportes grabados | 2,438502037 |
| 10 | Coque y productos de petróleo refinado | 3,075463518 |
| 11 | Productos químicos | 2,823797188 |
| 12 | Productos y preparados farmacéuticos básicos | 2,267800623 |
| 13 | Productos de caucho y plástico | 2,600387481 |
| 14 | Otros productos minerales no metálicos | 2,586233026 |
| 15 | Productos de la metalurgia y productos metálicos | 2,978381393 |
| 16 | Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 2,688960807 |
| 17 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 2,375954892 |
| 18 | Material eléctrico | 2,828366197 |
| 19 | Maquinaria y equipo no clasificados bajo otros epígrafes | 2,515051486 |
| 20 | Vehículos de motor, remolques y semirremolques | 3,285034145 |
| 21 | Otro material de transporte | 2,967031304 |
| 22 | Muebles; otros productos manufacturados | 2,346464532 |
| 23 | Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipo | 2,172363015 |
| 24 | Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 2,479732769 |
| 25 | Agua natural; servicios de tratamiento y distribución de agua | 2,085573004 |
| 26 | Servicios de alcantarillado; servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos; recuperación de materiales; servicios de saneamiento y otros servicios de gestión de residuos | 2,298008024 |
| 27 | Obras y servicios de construcción | 2,241346865 |
| 28 | Servicios de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 2,019714417 |
| 29 | Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores | 1,914538766 |
| 30 | Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1,586948704 |
| 31 | Servicios de transporte terrestre, incluidas las tuberías | 2,068609210 |
| 32 | Servicios de transporte marítimo y servicios de navegación interior | 2,368630656 |
| 33 | Servicios de transporte aéreo | 2,805492746 |
| 34 | Servicios de almacenamiento y servicios auxiliares de transporte | 2,087620151 |
| 35 | Servicios postales y de mensajería | 1,996332434 |
| 36 | Servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas | 1,967756729 |
| 37 | Servicios editoriales | 2,020376999 |
| 38 | Servicios cinematográficos, de vídeo y televisión; grabación de sonido y edición musical; servicios de programación y emisión de radio y televisión | 2,225708900 |
| 39 | Servicios de telecomunicaciones | 1,939515713 |
| 40 | Servicios de programación, consultoría y otros servicios de tecnología de la información; servicios de información | 2,00183986 |
| 41 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 1,584158161 |
| 42 | Seguros, reaseguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria | 1,986178126 |
| 43 | Servicios auxiliares de los servicios financieros y de seguros | 1,746242433 |
| 44 | Servicios inmobiliarios | 1,346168793 |
| 45 | Alquileres imputados de viviendas ocupadas por sus propietarios | 0,000000000 |
| 46 | Servicios jurídicos y contables; servicios de oficinas centrales; servicios de consultoría de gestión | 1,795893757 |
| 47 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayo y análisis técnico | 2,284265848 |
| 48 | Servicios de investigación y desarrollo científicos | 1,605510744 |
| 49 | Servicios de publicidad y estudios de mercado | 1,962282905 |
| 50 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios veterinarios | 1,597596341 |
| 51 | Servicios de alquiler | 1,784410552 |
| 52 | Servicios relacionados con el empleo | 1,179984029 |
| 53 | Servicios de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y servicios conexos | 2,663299336 |
| 54 | Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajismo; servicios administrativos, de oficina y otros servicios de apoyo a las empresas | 1,589560198 |
| 55 | Servicios de administración pública y defensa; servicios de seguridad social obligatoria | 1,470739063 |
| 56 | Servicios de educación | 1,269374311 |
| 57 | Servicios de atención sanitaria | 1,603239379 |
| 58 | Servicios de asistencia social residencial; servicios de asistencia social sin alojamiento | 1,568960219 |
| 59 | Servicios creativos, artísticos y de entretenimiento; servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales; servicios de juegos de azar y apuestas | 1,637279147 |
| 60 | Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento | 1,648634892 |
| 61 | Servicios prestados por asociaciones | 1,633304996 |
| 62 | Servicios de reparación de ordenadores, efectos personales y artículos para el hogar | 1,799094358 |
| 63 | Otros servicios personales | 1,434166901 |
| 64 | Servicios de los hogares como empleadores de personal doméstico; bienes y servicios no diferenciados producidos por los hogares para uso propio | 0,000000000 |
| 65 | Servicios de organizaciones y organismos extraterritoriales | 0,000000000 |
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional
Además, el MIO permite analizar las contribuciones respectivas de mujeres y hombres a la actividad productiva. Para llevar a cabo este análisis, utilizamos datos sobre el efecto multiplicador para cada rama económica (Tabla 1) junto con el porcentaje de trabajadores masculinos y femeninos en estas ramas, según los datos del número de cotizantes en cada rama que figuran en los registros de la Seguridad Social3. Los resultados de este análisis, ordenados por su contribución al valor total de la producción, se muestran en el Gráfico 1.
Fuente: elaboración propia
Este análisis constata que la participación de las mujeres en estos sectores es inversamente proporcional al efecto multiplicador que cada rama tiene en la economía. Los datos reflejan que las mujeres están más presentes en ramas de actividad con un efecto multiplicador más bajo o moderado, mientras que los hombres predominan en las ramas con un efecto multiplicador más alto. Esta realidad sugiere que las mujeres están empleadas en sectores con menor impacto económico, consistente con estudios previos (Woetzel et al., 2015). A su vez, ofrece una perspectiva reveladora sobre el impacto de la discriminación sectorial en el mercado laboral, al constatar las disparidades entre géneros en términos de contribución y productividad económica. La mayor concentración de hombres en sectores con mayor efecto multiplicador resalta una desigualdad estructural que podría estar limitando el crecimiento económico y la equidad de género en el ámbito laboral. A la postre, esto también se traducirá en que las ayudas o medidas incentivadoras en estos sectores altamente masculinizados, provocarán un escaso efecto económico sobre la situación económica y laboral de las mujeres.
Teniendo en cuenta esta desigualdad estructural, resulta esencial evaluar cómo las medidas de reactivación económica pueden impactar en la creación de empleo, tanto directo como indirecto. Sin embargo, a la hora de analizar la generación de empleo, conviene tener presente que el porcentaje de empleos masculinos y femeninos difiere en función de los distintos sectores de actividad económica. La Tabla 2 ofrece un desglose detallado de la concentración, participación y representación de género en estos sectores, poniendo de relieve importantes disparidades de género. Por ejemplo, en la agricultura las mujeres están notablemente infrarrepresentadas, con una concentración de apenas el 1,70% y un coeficiente de representación del 0,51, frente a la sobrerrepresentación de los hombres, indicada por un coeficiente del 1,42. En la industria manufacturera y los servicios públicos se observa una tendencia similar de infrarrepresentación femenina. Por el contrario, sectores como el comercio mayorista y minorista y los servicios de alojamiento y alimentación, presentan una participación de género más equilibrada, con una ligera sobrerrepresentación de las mujeres.
Sobre esta base, es posible estimar el impacto de la segregación industrial en las estrategias de inversión de los planes aprobados para revitalizar la economía española tras la pandemia, que tienen como principal instrumento a los PERTE. Hasta mayo de 2024, se han aprobado doce proyectos estratégicos en distintos ámbitos: vehículos eléctricos y conectados (PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado); sanidad innovadora (PERTE de Salud de vanguardia); energías renovables (PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento); agroalimentación (PERTE de la Cadena agroalimentaria); nueva economía del lenguaje (PERTE de la Nueva economía de la lengua); economía circular (PERTE de Economía Circular); industria naval (PERTE naval); sector aeroespacial (PERTE Aeroespacial); digitalización del ciclo del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua); microelectrónica y semiconductores (PERTE CHIP microelectrónica y semiconductores); economía social y asistencial (PERTE de Economía Social y de los cuidados)4 y descarbonización en la industria (PERTE de descarbonización industrial). Estos proyectos se consideran “estratégicos” por sus potenciales efectos indirectos sobre la economía (efecto tractor) y por su capacidad de creación de empleo. Sin embargo, es fácilmente comprobable que estas áreas están alineadas con sectores fuertemente masculinizados e industrializados. En cuanto a la integración de la perspectiva de género, el examen de las exposiciones de motivos de los PERTE españoles revela un enfoque variado. Mientras que sectores como el naval y el aeroespacial promueven explícitamente la inclusión femenina y hacen hincapié en los campos STEM (Sciencie, Technology, Engineerind and Mathematics), otros, como la sanidad y la economía circular, carecen de estrategias específicas orientadas al género. El PERTE de la Economía social y los cuidados es el único que centra explícitamente en la igualdad de género5.
Además, las medidas de género introducidas tienden a ser genéricas y no parecen estimular directamente la actividad económica o el empleo de forma específica. En concreto, dichas acciones suelen pivotar en planes contra la violencia de género, reformas del mercado laboral, creación de plazas de educación infantil -para facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral-, formación en competencias digitales para mujeres y medidas de promoción de las mujeres en la cultura. Sin embargo, estas actuaciones tienen una capacidad cuestionable para generar actividad económica y empleo, o de beneficiar a segmentos más amplios de la población que el femenino, o incluso se basan en visiones estereotipadas de las funciones asistenciales de las mujeres o en una supuesta incompetencia digital.
El MIO permite analizar la demanda de empleo en una economía, distinguiendo entre necesidades de empleo directas y totales. Los empleos directos reflejan la cantidad de empleo que un sector necesita en cada periodo para producir una unidad de su producción. Por otro lado, los empleos totales representan el cambio en el empleo cuando un sector aumenta su demanda final en una unidad. Esto permite que cada sector tenga su propio coeficiente de empleo directo y total, proporcionando una comprensión detallada de cómo la producción en un sector influye en la demanda de empleo en toda la economía. Para ello, el cálculo es el siguiente:
- Coeficientes directos: ðð= (Empleo en el sector i) / (Producción en el sector i)
- Coeficientes totales: ð¿=ð (ð¼-ð´) -1
Donde ð es la matriz que recoge todos los coeficientes de empleo directo de todos los sectores económicos, y ð¿ una matriz de la misma dimensión que la anterior, que incluye los coeficientes de empleo total por unidad de demanda final de cada sector.
| Mujeres | Hombres | |||||
| SECTOR DE LA ACTIVIDAD | Concentración | Participación | Representación | Concentración | Participación | Representación |
| A - Agricultura, silvicultura, pesca y caza | 1,7% | 23,9% | 0,51 | 4,7% | 76,1% | 1,42 |
| B - Explotación de minas, canteras y extracción de petróleo y gas | 0,1% | 19,3% | 0,41 | 0,2% | 80,7% | 1,51 |
| C - Industria manufacturera | 7,5% | 28,7% | 0,62 | 16,1% | 71,3% | 1,33 |
| D - Servicios públicos (generación de energía eléctrica, gas natural, suministro de vapor, aire acondicionado) | 0,3% | 34,6% | 0,74 | 0,5% | 65,3% | 1,22 |
| E - Suministro de agua; alcantarillado, gestión de residuos y servicios de saneamiento | 0,3% | 19,7% | 0,42 | 1,0% | 80,2% | 1,50 |
| F - Construcción | 1,2% | 9,0% | 0,19 | 11,0% | 91,0% | 1,70 |
| G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 16,1% | 50,0% | 1,08 | 13,9% | 50,0% | 0,93 |
| H - Transporte y almacenamiento | 2,7% | 22,7% | 0,49 | 8,0% | 77,3% | 1,44 |
| I - Hostelería | 10,2% | 53,5% | 1,15 | 7,7% | 46,5% | 0,87 |
| J - Información y Comunicación | 2,3% | 30,2% | 0,65 | 4,6% | 69,8% | 1,30 |
| K - Actividades Financieras y de Seguros | 2,5% | 49,5% | 1,07 | 2,2% | 50,5% | 0,94 |
| L - Actividades inmobiliarias | 0,9% | 48,9% | 1,05 | 0,8% | 51,1% | 0,95 |
| M - Servicios profesionales, científicos y técnicos | 6,0% | 48,3% | 1,04 | 5,5% | 51,7% | 0,97 |
| N - Actividades administrativas y servicios auxiliares | 6,0% | 55,0% | 1,18 | 4,3% | 45,0% | 0,84 |
| O - Administración Pública y Defensa; Seguridad Social | 6,6% | 44,9% | 0,97 | 7,1% | 55,1% | 1,03 |
| P - Educación | 9,4% | 67,8% | 1,46 | 3,9% | 32,2% | 0,60 |
| Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales | 15,8% | 76,3% | 1,64 | 4,3% | 23,7% | 0,44 |
| R - Artes, espectáculos y actividades recreativas | 1,8% | 40,2% | 0,87 | 2,4% | 59,8% | 1,12 |
| S - Otros servicios | 3,3% | 68,1% | 1,47 | 1,3% | 31,9% | 0,60 |
| T - Actividades de los hogares como empleadores; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio | 5,4% | 89,2% | 1,92 | 0,6% | 10,8% | 0,20 |
| U - Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 0,0% | 43,2% | 0,93 | 0,0% | 56,8% | 1,06 |
Concentración: número de mujeres (hombres) en cada sector en relación con el número total de mujeres (hombres) en la ocupación, en porcentaje; Participación: porcentaje de mujeres (hombres) en cada sector; Representación: porcentaje de mujeres (hombres) en cada sector dividido por el porcentaje de mujeres (hombres) en el total de la ocupación (>1 sobrerrepresentada, <1 infrarrepresentada).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa -EPA (2023).
La aplicación de esta metodología a los primeros PERTE aprobados (Tabla 3) permite determinar el impacto económico que cabe esperar de las acciones e inversiones a ejecutar para su implantación en los diferentes sectores de la economía española. Esto incluye la evaluación de las necesidades de empleo, tanto los empleos directos -generados en el sector al aumentar la producción- como los indirectos - por el efecto colateral en otras ramas- al aumentar la demanda final. Se constata una notable brecha de género en los distintos sectores que tiene profundas implicaciones para la productividad y el crecimiento económico. Las acciones e inversiones asociadas a los PERTEs con mayor componente tecnológico y de alta ingeniería, como el desarrollo del vehículo eléctrico, las energías renovables y la microelectrónica, presentan efectos sobre el empleo con una marcada subrepresentación femenina, con porcentajes de participación inferiores al 30%. Esta tendencia sugiere barreras persistentes para las mujeres en áreas de alta tecnología e innovación, lo que perpetúa estereotipos de género y limita el potencial económico de estos sectores al no aprovechar completamente el talento disponible. La sobrerrepresentación masculina en sectores con alto efecto multiplicador y la concentración femenina en sectores de menor impacto económico refuerzan la necesidad de políticas inclusivas que promuevan la equidad de género en todos los ámbitos industriales.
| PERTE | Mujeres | Hombres |
| Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado | 28,17% | 71,83% |
| Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento | 29,85% | 70,15% |
| Agroalimentario | 37,30% | 62,70% |
| Nueva economía de la lengua | 51,72% | 48,28% |
| Industria naval | 31,82% | 68,18% |
| Descarbonización industrial | 31,68% | 68,32% |
| Salud de vanguardia | 42,76% | 57,24% |
| Economía circular | 38,04% | 61,96% |
| Aeroespacial | 37,30% | 62,70% |
| Digitalización del ciclo del agua | 29,83% | 70,17% |
| Microelectrónica y semiconductores | 25,82% | 74,18% |
| Economía social y de los cuidados | 61,87% | 38,13% |
Fuente: elaboración propia
En su resultado global, es posible estimar la distribución de género en el empleo que se espera que generen estas iniciativas (Gráfico 2). Este enfoque no sólo refleja el potencial de empleo directo de cada PERTE, sino que también tiene en cuenta la escala de inversión. Los datos revelan que se prevé que los hombres ocupen una mayoría sustancial de los puestos de trabajo creados en la ejecución de los PERTE, con una cuota de empleo del 63%. En cambio, se prevé que las mujeres ocupen sólo el 37% de esos puestos. Esta llamativa disparidad pone de relieve un desequilibrio entre hombres y mujeres que podría verse agravado por la actual asignación de fondos entre los distintos sectores estratégicos.
Fuente: elaboración propia
De forma complementaria, cabe señalar que El Banco de España (BdE) ha realizado una estimación del efecto de la plena aplicación del PRTR español a medio plazo. El impacto directo previsto sobre el PIB es significativo, con una media anual del 1,15% en cinco años y un potencial del 1,75% si se consideran los efectos indirectos intersectoriales (Banco de España, 2023). Tomando como referencia la actual distribución por sexos dentro de los sectores, se comprueba que la aplicación completa del PRTR dará lugar a un crecimiento del empleo con evidente sesgo masculino. El Gráfico 3 muestra que, si no se toman medidas correctoras, el 58,9% del crecimiento del empleo vinculado al aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) iría a parar a los hombres, y sólo el 41,1% a las mujeres.
Fuente: elaboración propia con información del Banco de España
Esto sugiere que el empleo generado por el PRTR, sin intervención, profundizaría la brecha de género en el mercado laboral español, poniendo de relieve la necesidad de estrategias que garanticen un crecimiento del empleo equitativo para todos los géneros. Este análisis es especialmente preocupante en combinación con los datos anteriores del PERTE, que es un subconjunto del PRTR con prioridad estratégica. El panorama más amplio que ofrece la plena aplicación del PRTR muestra que, si bien la brecha de género puede no ser tan amplia como en algunos proyectos estratégicos individuales, sigue existiendo una marcada diferencia que podría perpetuar y exacerbar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral.
Un aspecto particularmente significativo de los datos es el resultado inverso que se produce en el sector de la economía social y de los cuidados, sector en el que operan en España más de 43.000 empresas, con un volumen de empleo cercano a los 2,2 millones de personas y una contribución aproximada del 10% del PIB (MTSS, 2023). La estimación del resultado del PERTE dirigido a este sector indica que las mujeres representan el 61,87% del nuevo empleo esperado, mientras que los hombres constituyen el 38,13%. Estos porcentajes contrastan marcadamente con la tendencia observada en otros sectores industriales y tecnológicos, donde la representación femenina es significativamente menor. Esta inversión en la economía social y de los cuidados podría señalar un pequeño oasis dentro del desierto de las políticas de igualdad de los PERTE.
El presupuesto total de las inversiones del PERTE en Economía Social y de los Cuidados asciende a 806 millones de euros para el período 2022-2026, distribuidos entre 13 ministerios, con la mayor parte concentrada en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con más de 552 millones de euros. Además, los recursos presupuestados pueden ser complementados por fondos adicionales, como préstamos reembolsables y otras fuentes del MRR. Se espera que estas inversiones generen significativos impactos económicos y sociales, incluyendo un efecto multiplicador positivo sobre el PIB y el empleo, especialmente en el entorno donde se desarrollan. Sin embargo, la estimación del impacto en el PIB de la ES no es sencilla debido a la diversidad de sectores en los que opera, cada uno con sus propias características. A pesar de esto, es razonable anticipar que tendrá un efecto significativo en grupos de trabajadores con dificultades de acceso o permanencia en el empleo, como las mujeres, que tienen una alta representación en muchas actividades y sectores englobados en la ES.
Este sector, asociado tradicionalmente con principios de cooperación, solidaridad y responsabilidad social, se alinea con un enfoque feminista de la economía que valora el trabajo relacionado con los cuidados y la equidad social. La ES enfatiza el bienestar comunitario y la sostenibilidad sobre el lucro, principios históricamente defendidos por el movimiento feminista. La mayor participación de mujeres en la ES sugiere que este ámbito ofrece un entorno más inclusivo y equitativo, reconociendo y valorando las contribuciones femeninas de manera más justa. Este fenómeno subraya la necesidad de repensar las estructuras y valores en otros sectores económicos para fomentar una mayor equidad de género y aprovechar plenamente el potencial de una fuerza laboral diversa. Incorporar principios de la economía feminista en las políticas de otros sectores podría no solo reducir las disparidades de género, sino también promover una economía más justa y sostenible.
Discusión
Las medidas tomadas para paliar las dos últimas grandes crisis ponen de manifiesto que la perspectiva de género en las políticas y actuaciones públicas europeas es más teórica que práctica, puesto que las implicaciones que debería suponer adoptar esta estrategia quedan sin abordar en las respuestas políticas de la UE (Cook & Grimshaw, 2020; Cullen & Murphy, 2021). El marco político y económico de la UE, en particular a través del NGEU, ha sido criticado por no reflejar adecuadamente la naturaleza de género de las crisis económicas y exacerbar las desigualdades de género, debido en buena parte a la generosa aplicación de medidas en sectores dominados por los hombres (Cook & Grimshaw, 2020; Klatzer & Rinaldi, 2020).
Una cuestión crítica se deriva de los reglamentos que rigen el propio MRR, cuyo enfoque político, económico y digital no trata las referencias específicas a la igualdad de género (Klatzer & Rinaldi, 2020). Esta omisión pudiera entenderse como una falta de priorización de la igualdad de género, algo que resulta incomprensible si se tienen en cuenta los compromisos de la UE con ese principio. Resulta paradójico que se apueste de forma decidida y reiterada por la transición a una economía verde y digital sin una perspectiva de género, lo que de facto provoca una asignación generalizada de fondos del MRR a sectores masculinizados, como el energético y las TIC. Si los países receptores de los fondos NGEU no evalúan cuidadosamente y de forma crítica los posibles impactos de género en sus procesos de planificación, esto provocará -incluso sin quererlo- una perpetuación de las desigualdades de género en el mercado laboral (Alon et al., 2020; Malisch et al., 2020; Carli, 2020).
La experiencia de España, como estudio de caso, muestra desigualdades de género preocupantes en los planes de recuperación. Los PERTE, si bien abordan las necesidades económicas inmediatas, inducen potencialmente a la creación de una brecha de género en el empleo, al impulsar la generación de unos puestos de trabajo de los que las mujeres solo ocuparán el 37%. Este desequilibrio se amplifica en el impacto global del PRTR, donde se estima que el 58,6% del crecimiento del empleo vinculado al PNA beneficiará a los hombres, dejando sólo un 41,4% para las mujeres. Las estimaciones permiten confirmar cómo la segregación sectorial provoca resultados laborales desiguales, lo que no permite cerrar la brecha laboral de género. Las mujeres suelen concentrarse en sectores de servicios con menor valor añadido; esto exige la necesidad de comprender mejor las implicaciones de las decisiones macroeconómicas tomadas y que, previa a su aprobación, se tengan en cuenta esta diferente realidad de partida (Karamessini & Ruberym, 2013; Seguino, 2020). La infrarrepresentación de las mujeres en sectores que contribuyen significativamente al cómputo tradicional de la actividad económica (Blau & Khan, 2017; Borrowman & Klasen, 2020; Tonoyan et al., 2020) provoca un notable prejuicio cuando las políticas públicas apuestan por aquellos sectores con mayor impacto económico, que suelen ser masculinizados. Este resultado corrobora el carácter de género que tradicionalmente esgrime la economía feminista (Sent & van Staveren, 2019). Igualmente, constata que la inclusión de la transversalidad de género en la gobernanza económica de la UE es claramente insuficiente (Cavaghan & O'Dwyer, 2018), exigiendo la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento explícitos (Donà, 2022; Klatzer & Rinaldi, 2020).
Un aspecto particularmente notable de los datos es la inversión de resultados en el sector de la economía social y de los cuidados, donde las mujeres representan el 61,9% del nuevo empleo esperado, mientras que los hombres constituyen el 38,1%. Estos porcentajes contrastan marcadamente con los obtenidos en los sectores industriales y tecnológicos, donde la representación femenina es significativamente menor. Esta inversión de resultados en la economía social y de los cuidados se alinea con un enfoque feminista de la economía. La mayor participación de mujeres en la ES sugiere que este ámbito ofrece un entorno más inclusivo y equitativo, reconociendo y valorando las contribuciones femeninas de manera más justa. Este fenómeno subraya la necesidad de repensar las estructuras y valores en otros sectores económicos para fomentar una mayor equidad de género y aprovechar plenamente el potencial de una fuerza laboral diversa. Incorporar principios de la ES en las políticas de otros sectores podría no solo reducir las disparidades de género, sino también promover una economía más justa y sostenible.
Los resultados obtenidos permiten señalar que, a pesar de las intenciones inclusivas nominales que subyacen a los PERTE y al PRTR español, no se llega a garantizar que las mujeres se beneficien con la misma intensidad que los hombres de los empleos que se van a generar a través de las inversiones que se van a financiar. Por lo tanto, nos encontramos ante la disyuntiva de apostar por sectores de futuro como la economía verde y la transformación energética, esenciales para sostener una economía moderna y hacer frente a los retos de la sostenibilidad, pero al mismo tiempo con la certeza de que el empleo femenino que se va a crear tendrá un potencial también muy limitado. O, dicho de otra forma, una vez más las decisiones de política económica se mueven entre la eficiencia y la equidad.
El motivo de encontrarse en este dilema es que, una vez más, las decisiones económicas se han tomado sin considerar la especificidad de la economía, lo que provoca que decisiones aparentemente racionales llevan ocultas disparidades de género. Precisamente para arrojar alguna luz sobre esta situación, en este estudio se ha optado por realizar un examen exhaustivo de las consecuencias a medio y largo plazo de estas actuaciones, en principio positivas desde un enfoque de eficiencia económica, pero que esconden implicaciones negativas para las mujeres. Para evitar los problemas detectados, es necesario basarse en un conocimiento profundo de la dinámica de la economía, incluida la composición de su mercado laboral y el impacto potencial de las inversiones en los distintos sectores. Solo así se diseñarán y plantearán actuaciones eficientes y equitativas, buscando el equilibrio entre crecimiento económico y la igualdad de género. A nuestro juicio, es la única forma de garantizar que el progreso económico no se produzca a expensas de la equidad y que los beneficios de la inversión se distribuyan de forma más equitativa entre toda la sociedad.
Limitaciones y futuras investigaciones
Este trabajo presenta algunas limitaciones que deben ser debidamente explicitadas. En primer lugar, el hecho de centrarse en España como ejemplificación de la desigualdad de género en los resultados no permite extrapolar las conclusiones a otros Estados miembros de la UE, ya que las estructuras económicas y políticas de género varían significativamente entre países.
Además, la dependencia del MIO, aunque eficaz para resaltar las disparidades sectoriales, puede no captar toda la complejidad de la dinámica de género en el mercado laboral. El énfasis del MIO en los datos cuantitativos puede dejar en un segundo plano los aspectos cualitativos, como la cultura del lugar de trabajo y los matices en la aplicación de las políticas. Asimismo, el ejercicio presentado asume que las distribuciones sectoriales de género actuales permanecen constantes, lo cual puede no reflejar los cambios futuros en las pautas o políticas de empleo. Por tanto, los resultados deben ser interpretados con cautela y considerados como una fotografía de la situación actual, no como una evaluación definitiva del enfoque de género de la UE en materia de recuperación.
Conscientes de estas limitaciones, futuras investigaciones podrían contemplar varios enfoques complementarios que mejorarían la aplicabilidad de los resultados. En primer lugar, sería conveniente replicar este modelo -u otros alternativos- en un conjunto de países de la UE que participan en el NGEU, para recoger sus propias especificidades y comprender mejor cómo se aplican las estrategias de recuperación con perspectiva de género en diferentes contextos nacionales. Este enfoque más global y extensivo garantizaría disponer de una visión más adecuada de la igualdad de género en la recuperación económica de la UE.
Además, se recomienda considerar un período temporal lo suficientemente amplio que permita captar los cambios en los patrones de empleo de género a lo largo del tiempo, mejorando así los resultados de los modelos estáticos. Complementar el análisis cuantitativo con una evaluación cualitativa que explore las experiencias y percepciones de las mujeres en la fuerza laboral también sería altamente beneficioso.
Finalmente, es imprescindible valorar el papel de las iniciativas del sector privado y las asociaciones público-privadas en la promoción de la igualdad de género en los esfuerzos de recuperación. Esto podría revelar enfoques alternativos y mejores prácticas, proporcionando una visión más integral y eficaz para abordar las disparidades de género en el contexto de las políticas de recuperación económica..
Conclusiones
Las conclusiones de este estudio revelan que, a pesar de los esfuerzos teóricos por integrar una perspectiva de género en las políticas de recuperación económica de la UE, las medidas prácticas resultan insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes. El análisis basado en el MIO muestra una clara segregación de género en los sectores beneficiados por los PERTE, con una mayor representación masculina en los sectores beneficiados, que son los de alto impacto económico. Esta distribución desigual no solo perpetúa las disparidades de género existentes, sino que también limita el potencial económico al no aprovechar plenamente el talento disponible en toda la fuerza laboral. La falta de consideración de las especificidades de género en la planificación y ejecución de estas políticas subraya una desconexión significativa entre las intenciones políticas y los resultados reales. Sin embargo, el PERTE de Economía Social y de los Cuidados destaca como una excepción positiva, mostrando una mayor participación femenina y ofreciendo un modelo de cómo integrar la perspectiva de género de manera efectiva.
Para avanzar hacia una recuperación económica verdaderamente inclusiva y equitativa, es esencial que las políticas futuras integren de manera efectiva la perspectiva de género desde su concepción hasta su implementación. Esto implica no solo un análisis cuantitativo exhaustivo, sino también una evaluación cualitativa que capture las experiencias y desafíos específicos enfrentados por las mujeres en el mercado laboral. Además, es crucial fomentar la participación del sector privado y las asociaciones público-privadas en la promoción de la igualdad de género, desarrollando enfoques innovadores y prácticas ejemplares. Solo mediante una integración genuina de la perspectiva de género en todas las fases del diseño y ejecución de las políticas de recuperación se podrá garantizar un crecimiento económico sostenible y equitativo que beneficie a toda la sociedad, promoviendo una verdadera igualdad de oportunidades y reduciendo las disparidades de género en el mercado laboral.
Referencias
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Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality (No. w26947). National Bureau of economic research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26947/w26947.pdf
Anker, R. (1997). Theories of occupational segregation by sex: An overview. International Labour Review, 136, 315. https://ilo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay/alma993271543402676/41ILO_INST:41ILO_V2
Banco de España (2023). El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto macroeconómico desde una perspectiva sectorial. Boletín Económico 2023/T1, artículo 12. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
Becker, G. S. (2010). The economics of discrimination. University of Chicago press.
Bettio, F., Corsi, M., d’Ippoliti, C., Lyberaki, A., Samek Lodovici, M., Verashchagina, A., & Camilleri-Cassar, F. (2013). The impact of the economic crisis on the situation of women and men and on gender equality policies: Synthesis report. Luxemburg: European Commission. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a10e8f6-d6d6-417e-aef5-4b873d1a4d66
Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2017). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. Journal of Economic Literature 55 (3): 789–865. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20160995
Borrowman, M. & Klasen. S. (2020). Drivers of Gendered Sectoral and Occupational Segregation in Developing Countries. Feminist Economics 26, 62–94. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13545701.2019.1649708
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(1) Universidad de Santiago de Compostela
(2) El efecto desbordamiento -o spillover- cuantifica las necesidades directas e indirectas del output en un sector empleadas para incrementar la producción a enviar a otro sector
(3) Para esta estimación, se realiza un emparejamiento entre la clasificación económica utilizada en las TIO y los datos desagregados por ramas de la Seguridad Social. La primera utiliza una categorización de 64 ramas de actividad, mientras que la segunda 87, por lo que fue preciso trabajar con estimaciones de cotizantes medios.
(4) El objetivo de este PERTE aprobado en el Consejo de ministros de 31 de mayo de 2022, es intensificar el potencial de crecimiento, la generación de empleo de calidad y la resiliencia económica y social.
(5) En este PERTE se explicita la adopción de la perspectiva de género como método transversal (pag. 49), recogiendo medidas específicas para tratar de cerrar la brecha de género con raíces interseccionales, actuaciones que aplican criterios de igualdad efectiva y no discriminación y con herramientas que persiguen erradicar las discriminaciones derivadas del género. Igualmente, se incorpora una serie de medidas que persiguen visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en la ES.
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Published on 02/03/25
Submitted on 13/12/24
Volume Sostenibilitat de les polítiques públiques, 2025
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