S. Calonge, A. Manresa
Una de las consecuencias económicas más importantes de la Gran Recesión -cuyo comienzo se sitúa en el tercer trimestre del año 2008- ha sido el aumento persistente de la desigualdad de la renta disponible, siendo además los hogares de mayores ingresos los más beneficiados de la incipiente recuperación económica, OCDE (2016). Para el caso español, existe evidencia de que el aumento de la desigualdad de la renta disponible en nuestro país ha sido importante, Goerlich (2016).
Recientemente, el trabajo de Piketty et al. (2018) para la economía estadounidense de Estados Unidos revela un alto grado de desigualdad de la renta desde las últimas décadas del siglo pasado y hasta hoy. Dicho trabajo muestra la distribución personal de la renta nacional, El ejercicio distingue entre la distribución de la renta ‘pre-taxes’ y ‘post-taxes’. Por supuesto esta última es más igualitaria. Aun así, un resultado interesante es que el 10% de la población más rica acaparara el 40% de la renta nacional, mientras que el 50% más pobre sólo mantiene el 20% de dicha renta. Son resultados muy sorprendentes aunque robustos.
La desigualdad económica en España -a nivel de hogar- es relativamente alta, particularmente si nos atenemos a la distribución de la renta primaria, es decir, los ingresos que los individuos obtienen en el mercado por el uso de su fuerza de trabajo y como propietarios del capital. Esto contrasta con una distribución de la renta disponible mucho más igualitaria, como consecuencia del efecto igualador que ejercen las transferencias monetarias públicas a las familias y la imposición personal sobre la renta. La desigualdad de la renta, tal y como tendremos ocasión de comprobar, se caracteriza por una brecha muy significativa entre la renta primaria y la renta disponible de las familias, brecha que además ha ido creciendo durante los últimos años. Dicha brecha es todavía mayor si consideramos la renta extendida de los hogares, donde a la renta disponible le sumamos las transferencias en especie que representan el gasto público en educación y sanidad.
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Published on 10/05/18Accepted on 07/04/18Submitted on 03/04/18
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