Latest revision as of 09:42, 29 March 2019

Resumen

En un contexto en donde los contenidos de la producción televisiva están cada vez más determinados por los conceptos de mercantilización y consumo debido a que el negocio audiovisual está en manos de un puñado de empresas, muchas de ellas integradas por capitales internacionales, se hace evidente la necesidad de la presencia del Estado como organismo regulador de las actividades para el logro de una televisión de calidad. En los últimos años, Argentina ha recibido el mandato de que, para estar en consonancia con las normas de funcionamiento y las reglas del primer mundo y formar parte del él, debía realizar un achicamiento del Estado y dar lugar a las empresas privadas. Como consecuencia, se privatizaron los canales de TV abierta quedando sólo una señal oficial. Idéntico proceso siguieron muchos otros países latinoamericanos. Esto ha impactado directamente en los contenidos de la producción televisiva argentina de los últimos años signando sus características bajo el principio de la competitividad: violencia, lenguaje chabacano, pornografía son la norma de los distintos formatos. En este turbio panorama quedan particularmente desprotegidos los niños por las prácticas de consumo: Visión solitaria, falta de acompañamiento adulto, ausencia de oportunidad para reflexionar sobre lo visto porque además la otra instancia de control , la escuela, tampoco se anima a darle a la TV entrada en su agenda. Sin embargo a pesar de su ausencia, el Estado argentino cuenta con un organismo oficial, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), destinado precisamente a «controlar el funcionamiento y emisión de la programación de radio y TV y aplicar las sanciones previstas por la Ley Nacional de radiodifusión». Es paradójico que en la práctica, si bien el COMFER estima que la mayoría de los programas, por ejemplo, no respetan el horario establecido de protección del menor u ofenden a la moral y el buen gusto del ciudadano medio, son tantas las contravenciones en las que incurren las empresas que hacen que las multas se conviertan en impagables. El Estado renuncia a su función de controlar y es claro que los canales no tienen voluntad de autorregularse. Todo esto agravado en un contexto en donde el discurso oficial de los gobernantes es el del respeto y protección por los derechos ciudadanos en detrimento de los empresariales. El objetivo de la presentación es dar cuenta de las características de la programación de la TV argentina en el contexto de las privatizaciones que dieron lugar en los últimos años al surgimiento de los Multimedios, para dilucidar cuál es el rol que debería asumir el Estado para el ejercicio de la protección de la ciudadanía. En definitiva, reflexionar sobre la producción televisiva argentina actual significará notar su progresivo deterioro ante la indiferencia de los organismos creados para regularla.

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