J. Bejerano
El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla el compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 2050 y 2100 para contener el efecto calentamiento de la Tierra. Un objetivo de descarbonización tan ambicioso como este exige de un profundo cambio en las formas de producción y consumo de energía en el horizonte del 2050. En otras palabras, la lucha contra el cambio climático y los efectos que se derivan del mismo, exige cambiar patrones y modos de consumo, incrementar el grado de penetración de las energías renovables, así como mejorar de forma drástica en ámbitos como la eficiencia energética.
Este cambio de modelo económico – sin obviar su relevancia es necesario tener presente que no es una cuestión que se circunscriba exclusivamente en el sector energético – exige de la implicación y concienciación del conjunto de las Administraciones públicas – en la esfera europea, española y catalana –, de las empresas y de los ciudadanos.
El presente paper pretende centrarse en el papel de la regulación económica a la hora de proveer las señales e incentivos correctos en este necesario proceso de transición hacia la hacia la descarbonización de nuestro modelo económico. Es necesario un marco regulatorio y de gobernanza capaz de dar cumplimiento a los objetivos de sostenibilidad medioambiental, todo ello sin obviar otros aspectos clave de la política económica y energética como la seguridad de suministro y la competitividad de nuestro tejido productivo.
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Published on 12/12/17Submitted on 31/10/17
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